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Según la cartera, el departamento tiene la “mayor incidencia” de casos confirmados y probables en el país.
Los legisladores se reúnen para ajustar detalles de redacción del proyecto de ley; este sábado saldaron diferencias sobre el Código Civil, seguridad pública y otros aspectos que no eran compartidos por todos los partidos
Nacionales 25 de mayo de 2020 Victor CamargoLa Cámara de Senadores entrará en sesión extraordinaria y permanente el miércoles de la semana próxima. La oposición y el oficialismo se adentrarán en la discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, pilar de la administración del presidente Luis Lacalle Pou.
Con matices, los cinco partidos de la coalición de gobierno están convencidos de la propuesta del Poder Ejecutivo y la votarán en general. Pero algunos detalles hasta último momento no persuadían a los coaligados, que se reunieron este sábado –otra vez– para acercar sus posiciones antes de que el texto fuera elevado al plenario.
Si la reunión del sábado 16 terminó con 90% de la redacción acordada –como remarcaron los legisladores después del encuentro–, la de este fin de semana permitió avanzar sobre los puntos que seguían generando fricción. Ahora, según los senadores y diputados consultados por El Observador, hay acuerdo sobre 99% de la propuesta.
Los legisladores de la coalición están reunidos este lunes para definir ese 1% restante. El principal punto de tensión es el capítulo dedicado a los menores infractores, que hasta último momento encuentra un Partido Nacional dividido en cuanto al aumento punitivo propuesto y a socios de la coalición no dispuestos a votarlo sin modificaciones.
Por estas horas se trabaja en una redacción alternativa. Según el diputado nacionalista Álvaro Viviano (Por la Patria), es probable que se mantenga la pena máxima de cinco años para casi todos los delitos. En tal caso, las excepciones serían el homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado, la violación y el abuso sexual especialmente agravado, que tendrían una pena máxima de 10 años, como prevé el proyecto de ley.
Fuente : El Observador
Según la cartera, el departamento tiene la “mayor incidencia” de casos confirmados y probables en el país.
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