Así lo revela una encuesta realizada por una alianza de importantes estudios jurídicos a 946 ejecutivos del continente.
Internacionales 20 de julio de 2020
Jose I. Flores Ribeiro
La cuarta edición de la Encuesta Sobre Corrupción en América Latina 2020 ubicó a Uruguay en una posición alentadora respecto a los países de la región, al ser percibido entre los menos corruptos de la región.
El estudio, que fue desarrollado por el despacho de abogados Miller & Chevalier, en asociación con FERRERE Abogados y otros 13 estudios de América Latina, consultó a casi 1000 representantes de compañías regionales, multinacionales, así como empresas privadas y públicas de 19 países y tuvo como objetivo medir los índices y riesgos de corrupción, el conocimiento de leyes anticorrupción, las prácticas del programa compliance, así como los esfuerzos por aplicar la normativa entre las autoridades de la región.
Si bien el informe arroja que el riesgo de corrupción es mayor ahora que en todas las ediciones anteriores, dado que el 54% de los participantes considera que esta práctica ilícita es un obstáculo importante para hacer negocios, los números son optimistas para Uruguay, que mantiene su clasificación como uno de los países menos corruptos de la región, junto a Estados Unidos y Chile.
El 89% de los consultados contestó que no considera haber perdido negocios debido a que los competidores realizaran pagos ilícitos. Esto supone un aumento significativo respecto a 2016, cuando esa cifra representaba un 63%. A su vez, un 86% de los encuestados percibe que la corrupción no es un obstáculo importante para hacer negocios en nuestro país. En tanto, Venezuela, Bolivia, México, Argentina y Brasil son señalados como los países con niveles más altos de corrupción.
En esa línea, la abogada Carla Arellano, consejera en Compliance y Corporativo del estudio FERRERE, resaltó la importancia de la encuesta para Uruguay.
"El informe refleja la transparencia del sistema uruguayo en prevención de corrupción, un hecho que no es nuevo, ya que hace años mantenemos una posición de relevancia en los rankings internacionales vinculados a este tema", apuntó la profesional en un comunicado de estudio FERRERE.
Arellano hizo énfasis en la relevancia que implica que los encuestados hayan sido empresarios de diferentes países de la región, porque refuerza la excelente concepción que existe sobre nuestro país.
En otro orden, un 93% de los participantes de la encuesta opinó que las leyes en materia de anticorrupción son efectivas en Uruguay, superando incluso a Estados Unidos. Las cuotas más altas de ineficiencia se perciben en Argentina (85%) y Bolivia (93%).
Por su parte, el 70% de los encuestados evaluó a los partidos políticos y el Poder Legislativo como las dos áreas de gobierno con mayor corrupción, mientras que en Uruguay la percepción en ambos segmentos se ubica en 21% y 7% respectivamente, ubicándose entre los menos corruptos de la región.
El índice de corrupción en los Poderes Ejecutivo y Judicial uruguayo está en apenas 4%, mientras que en los gobiernos municipales se eleva a 29%. La corrupción en la fiscalía uruguaya registró la cifra más baja entre los países del continente, con 7%, mientras que en la policía se estimó en 36%. Según destaca el análisis de la firma Miller & Chevalier, ningún encuestado de los 19 países que participaron encontró corrupción "mínima o nula" en la policía.
En otro orden, los entrevistados priorizaron "Mayor responsabilidad y transparencia en el sector público" y "Mayor investigación y enjuiciamiento por parte del Estado" entre las medidas efectivas para disminuir la corrupción en los países donde trabajan. Este resultado es igual al registrado en 2012 y 2016. En tanto, se consideraron menos importantes la "Mayor responsabilidad empresarial" y "Mayor discusión y participación y control público".
Si bien el porcentaje de encuestados que confirmó que su empresa tomó medidas para mitigar los riesgos de la corrupción descendió de 87% en 2016 a 80% en 2020, Uruguay registró puntajes por encima de la media regional en materia de madurez en la aplicación del programa compliance, destacándose que el 91% tiene políticas anticorrupción, y un 77% presenta procedimientos para obsequios, viajes y entrenamientos para funcionarios, dos de los elementos más comunes que se ejecutan en la región.
En tal sentido, Arellano destacó "la evolución que las empresas han tenido en sus programas de compliance" en un esfuerzo constante por implementar "sistemas donde se elaboran manuales, códigos de ética, se brinda capacitación a todo el personal, y se crean líneas de denuncia que permiten mencionar actitudes que se sospechan ilegítimas para que las empresas las investiguen y adopten las medidas que correspondan".
Fuente: Montevideo Portal.
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