La CNDH investiga la detención del médico chiapaneco tras la muerte de un ex diputado local, a causa del COVID-19.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso del médico originario de Chiapas, Gerardo Vicente Grajales Yuca, detenido por presunto abuso de autoridad tras la muerte del ex diputado local, Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció a causa de COVID-19 cuando era atendido por el doctor.

A través de un comunicado, la CNDH señaló que recibió el testimonio de un familiar de Grajales, en el cual denuncia que desde la detención del doctor, se han violentado sus derechos humanos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Es por ello que la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ordenó iniciar la investigación de oficio y atracción, así como por posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos de la Fiscalía estatal. Además, informó que se integrará el expediente de queja respectivo, y en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

El organismo exhortó a las autoridades estatales involucradas en el procedimiento que enfrenta el médico a “que sus acciones sean apegadas a derecho, respetuosas de sus prerrogativas esenciales y se conceda, en el caso, el pleno ejercicio del derecho al debido proceso”.

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El doctor Grajales Yuca es encargado del área de COVID-19 en el Hospital de Especialidades Vida Mejor del ISSSTE en Chiapas (ISSTECH). Fue acusado de abuso de poder luego de que presuntamente solicitó medicamentos y equipo a los familiares de Miguel Ramírez, ya que, dijeron, en el centro médico no se contaba con lo requerido para el tratamiento. Asimismo, fue acusado de acoso sexual, por parte de la hija del ex diputado local.

Este viernes 31 de julio, personal médico de diferentes instituciones de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, marcharon para exigir la liberación del doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, así como la destitución del secretario de salud José Manuel Cruz Castellanos.

Aseguraron que la decisión del juez del control del centro penitenciario “El Canelo”, es una decisión arbitraria ya que el médico no cometió un delito grave.

Issel Gutiérrez, presidente del Colegio de Pediatría en el estado, recordó que hace año y medio, cuando Rutilio Escandón Cadenas llegó a la gubernatura del estado, les prometió apoyar con todo a la base trabajadora de salud “por eso nos molesta e indigna que, por dar una receta para salvar una vida, los compañeros como el doctor Yuca se vayan a la cárcel. Un médico no está preparado para matar”, señaló.

El personal médico también insistió en que no cuentan con los medicamentos suficientes en los hospitales del sector salud del estado para atender a la población ante la pandemia de COVID-19. Afirmaron que la carencia de medicamentos e insumos, no es exclusiva de este sexenio, sino que se ha registrado durante años, pero la situación se profundizó en el gobierno de Manuel Velasco Coello, hoy senador del Partido Verde Ecologista de México.

En días pasados, el gobernador Rutilio Escandón, difundió un breve video en el aseguraba que en la entidad no hay escasez de medicamento, insumos o equipo tecnológico, y que aquella persona que fuera “obligada” a comprarlos por órdenes de personal de salud de los hospitales públicos, denunciara los hechos.

“Todo lo tenemos en los hospitales, por eso te pido que si hay alguien que te haya pedido comprar medicamentos para la COVID porque en los hospitales no hay, denúncialos, porque puede haber todavía gente del pasado que quiera seguir haciendo lo mismo ¡y también del presente que traicionan la lealtad al pueblo!, dijo el gobernador.

Fuente: Infobae