Patrulla aérea y sanciones a policías: los cambios previstos para el Ministerio del Interior

Nacionales 01 de septiembre de 2020 Por Jose I. Flores Ribeiro
Se habilita a contratar policías retirados, la posibilidad de que efectivos con discapacidad puedan trabajar y se modifican las sanciones a funcionarios que cometan faltas
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El proyecto de ley de Presupuesto que el equipo económico del gobierno entregó al Parlamento este lunes incluye varias modificaciones en el Ministerio del Interior, vinculadas a la ley orgánica policial, a las situaciones de discapacidad de los policías e inversiones de la cartera para el quinquenio. 

Inversiones y reasignaciones
El Ministerio del Interior podrá contratar hasta 1.000 policías retirados por hasta cuatro años, prorrogable por un período de hasta dos más, para desempeñar funciones en comisarías. Para acceder a este cargo deben pertenecer al subescalafón ejecutivo, no haber sido dado de baja o declarado cesante por una sanción disciplinaria o por ineptitud física o mental, ni sometido a sumario administrativo por causa grave. Tampoco debe haber sido condenado por la Justicia ni estar sometido a proceso penal en el momento de su contratación. La edad máxima para ejercer este puesto es de 65 años.

Las contrataciones se realizarán en la medida que queden sin efecto los contratos de becarios, que actualmente desempeñan esas funciones en las comisarías.

La ley de presupuesto destina $ 10.000.000 a la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que fue creada a través de la ley de urgente consideración y que busca combatir principalmente el abigeato. 

Además, se prevé la creación del cargo de Director Nacional de Políticas de Género.

Por otra parte, se crea la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, con el objetivo de "desarrollar operaciones de patrullaje, vigilancia y traslados tendientes a detectar conductas ilícitas que atenten contra la convivencia, la seguridad ciudadana y los derechos de los habitantes del país, mediante la observación, prevención, disuasión y en caso de ser necesario, represión", según se indica en el artículo 169.  Esta dirección tendrá jurisdicción sobre las áreas urbanas y suburbanas y rurales.

Además, se exonera el pago del precio del Certificado de Antecedentes Judiciales al momento de tramitar el pasaporte, siempre que se cumplan determinadas condiciones. 

La ley de presupuesto prevé que lo recaudado por la venta de inmuebles del Ministerio del Interior se destina a obras en las cárceles. El ministro Jorge Larrañaga lo adelantó hace dos semanas en el programa Tiempo de cambio en radio Rural, y dijo que hay 1.400 padrones en todo el país.

En este sentido, se construirán tres nuevas cárceles en Treinta y Tres, Tacuarembó y Artigas, en el marco del Plan de Dignidad Carcelaria.

También se incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad de hasta 300 reclusos, algo que estaba incluido en el documento Compromiso por el país que firmaron los integrantes de la coalición.

Además se destinarán fondos para la remodelación y el acondicionamiento de las cárceles actuales.

Ley orgánica policial
En cuanto a las modificaciones de la ley orgánica policial, una de las variantes que se agrega es el ingreso como cadete con formación universitaria. En estos casos se egresará de la Escuela Nacional de Policía con la aprobación del curso de grado de oficial ayudante del subescalafón ejecutivo, acorde con la especialización profesional.

El artículo 131 donde se establece este agregado indica que los cadetes civiles tendrán la calidad de alumnos en cuanto a la retribución, percibiendo un salario mínimo durante su formación.  

En cuanto las sanciones para los efectivos, se agrega la destitución "decretada unilateralmente" por el Ministerio con la pérdida de los salarios retenidos durante la medida preventiva. En la ley orgánica que rige actualmente se incluyen sanciones por faltas leves, graves y muy graves que implican la observación escrita, la sanción de demérito, la suspensión simple en la función y la suspensión rigurosa.

En tanto, en la ley de presupuesto se modificaron los plazos de la suspensión. En el caso de las faltas leves, pasó de un máximo de 10 a cinco días, en las faltas graves, de 30 a 15 y en las muy graves aumentó el mínimo de la suspensión de tres meses y un día hasta cuatro y se mantiene el máximo de seis meses con privación total del sueldo.

Además, se agregó un artículo en el que se especifica que cuando un funcionario sea condenado por la Justicia y vaya a prisión o recaiga sobre él una medida que le impida el cumplimiento del servicio se dispondrá "de forma inmediata" la retención total de los haberes. 

También aumentan los plazos de prescripción de las fallas administrativas. En el caso de aquellas que no constituyen un delito, las leves prescribirán a los seis meses, las faltas graves y las muy graves a los cuatro años. La ley actual indica estos plazos en 90 días en faltas leves y un año en graves y muy graves.

Pedido sindical
Uno de los reclamos que el Sindicato de Funcionarios Policiales (Sifpom) realiza desde hace varios años al Ministerio del Interior es que los efectivos que tengan una discapacidad y no puedan realizar su función habitual, sean reasignados para otra tarea. Esto no está previsto en el régimen de retiros y pensiones policiales debido a la imposibilidad de cambiar de escalafón ejecutivo a administrativo y solo se aplicó en casos concretos.

El proyecto de ley de presupuesto establece en su artículo 134 que en los casos en los que se declare la incapacidad absoluta y permanente para la tarea habitual del personal policial, "se determinará la aptitud para desempeñar tareas compatibles con su estado de salud".

A su vez el funcionario podrá reintegrarse a sus tareas normales en caso de ser declarado apto para la función. En tanto, si el jefe de policía o el director nacional establecen que no se considera conveniente la permanencia del funcionario en tareas compatibles, quedará comprendido en el subsidio transitorio por incapacidad parcial durante un año como máximo. 

Antes de que finalice el plazo, se realizará una evaluación sanitaria del funcionario. Si se constata que se mantiene la situación de incapacidad, será considerado no apto en forma total para la función, pasando a retiro.

Si dentro del plazo la incapacidad se convierte en absoluta y permanente para todo trabajo o si el funcionario cumple 60 años, se configurará la causal de retiro por incapacidad total.

El proyecto también modifica el subsidio de retiro por incapacidad total, que pasa del 65% del sueldo básico de retiro al 50%. En el caso de la incapacidad parcial, será del 40%.

Fuente: El Observador.

Jose I. Flores Ribeiro

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