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Soldados desertores en la mira del gobierno de Lacalle Pou

Cambiarán el protocolo de ingreso para evitar que vuelvan a alistarse.

Nacionales 21 de septiembre de 2020 Victor Camargo Victor Camargo
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El Ministerio de Defensa se propuso perseguir a los soldados desertores que se alistan en una fuerza distinta de la que fueron dados de baja. Está haciendo un relevamiento para detectar los casos actuales, al tiempo que el ministro Javier García ya entregó al presidente Luis Lacalle Pou el texto de un decreto por el cual la cartera controlará cada uno de los ingresos.

 
Que había soldados de una fuerza que luego se alistaban en otra quedó en evidencia en mayo pasado, luego de que tres infantes de marina que cuidaban una antena en una pequeña estación del Cerro fueran ejecutados por un desertor. Según informó El País en su momento, ninguna de las víctimas ni el homicida debieron estar allí la madrugada del múltiple crimen.

De los muertos, uno también era desertor, pues había sido expulsado del Ejército luego de faltar más de 144 horas a trabajar. Otro había sido dado de baja por notoria mala conducta y el último tenía antecedentes por hurto. O sea, a ninguno se le debió haber permitido su ingreso a la Armada.

El decreto que el ministro de Defensa envió a Lacalle Pou, y que desde la cartera esperan que esté firmado en los próximos días, advierte que la división de Recursos Humanos de dicha secretaría será la que centralice los ingresos a cada una de las fuerzas (el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) en una sola base de datos, y que será la encargada de constatar que quienes entren no lo tengan prohibido, sea porque hayan sido dados de baja o porque tengan antecedentes.

Hoy lo que sucede es que las fuerzas mantienen bases de datos independientes y no existe un cruzamiento de la información. Por eso es que un desertor del Ejército, por ejemplo, puede reingresar en la Armada sin que nadie lo note.

Los cambios

El texto del futuro decreto, al que accedió El País, advierte que aunque los aspirantes se sigan presentando directamente ante cada una de las fuerzas, estas luego deberán entregar los datos de cada uno al Ministerio de Defensa, que será el que constate que no se trate de desertores o personas con antecedentes.

Una vez obtenido el visto bueno por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la cartera, que lo comunicará a la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea a través de un correo electrónico, el aspirante quedará habilitado a ingresar.

En tanto, “si existieran impedimentos reglamentarios por los cuales no se diera el visto bueno correspondiente, el aspirante no podrá ingresar, debiendo quedar registrado a los efectos de no volver a ser tenido en cuenta como tal hasta tanto se subsanen los impedimentos”, sostiene el texto provisorio del decreto.

El cambio también implica la creación de un nuevo Contrato de Servicio Militar, que servirá para cada una de las fuerzas y que se hizo para unificar los criterios en cuanto a la información que se les pide a los aspirantes.

Al firmar este contrato quienes quieran ingresar a las Fuerzas Armadas se comprometen, por ejemplo, a aceptar ser enviados a misiones de paz en caso de que se los requiera y a “no consumir ni tener estupefacientes y/o sustancias psicoactivas que alteren la psiquis”, y advierte que si algo de esto pasa el soldado será dado de baja.

“Lo que se busca simplemente es unificar. Que quienes ingresan a las Fuerzas Armadas lo hagan luego de firmar un documento único, que no varía según la fuerza que sea. Es decir, que se entienda que las Fuerzas Armadas son una unidad, no tres cosas por separado”, advirtió a El País Gustavo Figueredo, encargado de Recursos Humanos, que tendrá a su cargo llevar adelante el control de los nuevos ingresos.

Hallazgos

Luego del triple asesinato, y de que se constatara que la permanencia de los involucrados en la Armada era irregular, el ministro García ordenó una investigación interna para detectar desertores y soldados que, pese a tener antecedentes, continuaban dentro de las Fuerzas Armadas.

Esta todavía no ha terminado, pero Figueredo adelantó que ya se encontraron casos. Y se decidió darlos de baja, pero una vez que se venzan sus contratos, que tienen una duración de dos años al principio y que luego se renuevan a cada año.

Desde 2014 y hasta 2019 los desertores fueron 775. No se sabe dónde están, pues no se hace un seguimiento; ahora al menos se sabrá si reingresaron o pretenden ingresar en una fuerza distinta de la que fueron expulsados.

Algunos números

Todos los aspirantes a las Fuerzas Armadas deben realizar el curso dictado por el Centro de Instrucción de Reclutas (CUR), que tiene una duración de tres meses. Aunque muchos de los que lo empiezan lo abandonan por la mitad, no se considera que estos sean desertores, puesto que se entiende que aún no conocen la reglamentación. Una vez terminan esta instrucción, en tanto, si abandonan su fuerza sin avisar sí se convierten en desertores.

Si faltan más de seis días se les da de baja y pasan sus antecedentes a la Justicia Penal Militar. En cada unidad hay un juez sumariante, que es un oficial con un rango que va de alférez a capitán. Si el soldado demuestra que faltó por una causa justificable -un problema de salud y la imposibilidad de avisar, por ejemplo- no se considera una deserción. Pero si se entiende que sí lo fue, el exsoldado tendrá una pena que irá de cuatro a seis meses de prisión. Son pocos los que se presentan a cumplir con esta sentencia, que en un año prescribe.

El desertor no debería poder entrar a otra fuerza, pero tampoco ser aceptado como empleado público en ningún otro organismo.

La mayoría de los desertores lo son por irse sin avisar. Si pidieran la baja, aunque legalmente se las podrían dar al vencimiento de su contrato, se las suelen otorgar al fin del mes en que la solicitan. Sin embargo, muchos se van sin decirlo y por eso se convierten en desertores.

En 2019 hubo 130 desertores por faltar más de seis días, otros 21 lo fueron por irse de su base cuando estaban arrestados y solo cinco fueron dados de baja por otros delitos. 

Un 25% menos de bajas por COVID-19
El coronel retirado Gustavo Figueredo, encargado de recursos humanas de las Fuerzas Armadas, advirtió a El País que: “hubo una baja notoria del delito de deserción” debido a la pandemia del COVID-19. Es decir, los soldados deciden quedarse por no tener otras mejores oportunidades de trabajo.

“Notamos una baja de alrededor un 25%. Lo que creemos es que por el coronavirus aquellos que tenían ofertas laborales y decidían irse de las Fuerzas Armadas, ya no las tienen”, sostiene Figueredo.

Las deserciones se suelen dar en el personal subalterno y no con oficiales. Esto puede tener varias explicaciones, pero seguramente una de ellas tenga que ver con el dinero. En el caso de la Armada, por ejemplo, un marinero de primera gana $ 18.278; un cabo de segunda, $ 19.117; y un cabo de primera, $ 22.224.

El artículo 101 del proyecto de ley de Presupuesto habla de un “incremento salarial para el personal militar”, al que accederán desde los soldados de primera hasta los sargentos. Esto implica un gasto total de $ 224 millones, y es un incremento de $ 600 en el salario para soldados, de $ 625 para los cabos de segunda, de $ 740 para los cabos de primera y de $ 810 para los sargentos.

Casi 23.000 efectivos son los que se verían beneficiados por esta medida.

El dinero para esto se sacará de la eliminación de otros cargos, como ser el de Director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Fuente : EL País 

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