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Intimidación y abuso: lo que exige Pfizer a los Estados latinoamericanos para venderles su vacuna

Fabio Olivera
Coronavirus 25 de febrero de 2021

La farmacéutica estadounidense Pfizer ha sido acusada de "intimidar" a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones para venderles la vacuna contra el Covid-19. La empresa pidió a algunos países que pongan activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía para reembolsar los costos de cualquier futuro litigio.

Vacunas contra el COVID-19: Pfizer a adultos mayores y personal de la salud, Sinovac a los docentes

El plan comenzaría entre fines de febrero y comienzos de marzo, con la llegada de las primeras dosis de Pfizer y Sinovac. Con cada uno de esos laboratorios se acordó 200.000 dosis.

Política 24 de enero de 2021 Fabio Olivera Fabio Olivera
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El mundo está vacunando a un ritmo de entre tres y cuatro millones de personas por día. Uruguay se quiere sumar a esa carrera por la inmunidad a partir de “fines de febrero o comienzos de marzo”, cuando, según lo anunciado por Presidencia de la República, el país recibirá las primeras 500.000 dosis (200.000 mil de Sinovac, una misma cantidad de Pfizer/BioNTech y el resto del fondo Covax).

 
El gobierno uruguayo pretende alcanzar con el plan completo de vacunación a 2,8 millones de habitantes. Se trata de una estrategia que en principio dejaría de lado a los menores de 16 años (no hay ensayos clínicos probados a esas edades) y que tendrá como prioridad al personal de la salud, a los adultos mayores que viven en residenciales y a los docentes de educación obligatoria.

Uruguay desembolsará US$ 120 millones para este plan. En octubre el gobierno había destinado US$ 2,5 millones para el fondo Covax, un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para el acceso rápido y equitativo de los países a las inmunizaciones. Las dosis de Covax alcanzarán a unas 750.000 personas (a razón de dos dosis per cápita), aunque en marzo llegarán las necesarias para cubrir hasta el 3% de la población.

En el mejor de los escenarios -sin retrasos en las entregas de las dosis, sin dificultades logísticas y sin problemas en la adhesión de la población para inmunizarse- el gobierno pretende vacunar desde abril a un ritmo de 600.000 personas por mes. Si fuera así -con esta “cifra ambiciosa”, como la definió el presidente Luis Lacalle Pou-, se necesitarían más de nueve meses para que 2,8 millones de habitantes reciban las dos dosis. Y hasta entonces, entienden los científicos, no volverá la normalidad. La vieja normalidad.

María Moreno, profesora agregada del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina e integrante de las dos comisiones que asesoran por la vacuna contra el COVID-19, admite que “habrá que seguir usando el tapabocas por un buen tiempo y acorde se vaya alcanzando la inmunidad colectiva se podrán ir viendo algunas flexibilizaciones de protocolos”.

De ahí que los adultos mayores que viven en residenciales sean una prioridad. Hay una razón asociada a la mortalidad (de cada seis muertos por COVID-19 en Uruguay, uno habitaba en un residencial) y hay una cuestión social: “la vacunación masiva a esa población, que es poca, permitirá flexibilizar una burbuja que los ha tenido a estos adultos muy aislados y casi sin visitas de sus familiares”.

El mundo está vacunando a un ritmo de entre tres y cuatro millones de personas por día. Uruguay se quiere sumar a esa carrera por la inmunidad a partir de “fines de febrero o comienzos de marzo”, cuando, según lo anunciado por Presidencia de la República, el país recibirá las primeras 500.000 dosis (200.000 mil de Sinovac, una misma cantidad de Pfizer/BioNTech y el resto del fondo Covax).

 
El gobierno uruguayo pretende alcanzar con el plan completo de vacunación a 2,8 millones de habitantes. Se trata de una estrategia que en principio dejaría de lado a los menores de 16 años (no hay ensayos clínicos probados a esas edades) y que tendrá como prioridad al personal de la salud, a los adultos mayores que viven en residenciales y a los docentes de educación obligatoria.

Uruguay desembolsará US$ 120 millones para este plan. En octubre el gobierno había destinado US$ 2,5 millones para el fondo Covax, un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para el acceso rápido y equitativo de los países a las inmunizaciones. Las dosis de Covax alcanzarán a unas 750.000 personas (a razón de dos dosis per cápita), aunque en marzo llegarán las necesarias para cubrir hasta el 3% de la población.

En el mejor de los escenarios -sin retrasos en las entregas de las dosis, sin dificultades logísticas y sin problemas en la adhesión de la población para inmunizarse- el gobierno pretende vacunar desde abril a un ritmo de 600.000 personas por mes. Si fuera así -con esta “cifra ambiciosa”, como la definió el presidente Luis Lacalle Pou-, se necesitarían más de nueve meses para que 2,8 millones de habitantes reciban las dos dosis. Y hasta entonces, entienden los científicos, no volverá la normalidad. La vieja normalidad.

María Moreno, profesora agregada del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina e integrante de las dos comisiones que asesoran por la vacuna contra el COVID-19, admite que “habrá que seguir usando el tapabocas por un buen tiempo y acorde se vaya alcanzando la inmunidad colectiva se podrán ir viendo algunas flexibilizaciones de protocolos”.

De ahí que los adultos mayores que viven en residenciales sean una prioridad. Hay una razón asociada a la mortalidad (de cada seis muertos por COVID-19 en Uruguay, uno habitaba en un residencial) y hay una cuestión social: “la vacunación masiva a esa población, que es poca, permitirá flexibilizar una burbuja que los ha tenido a estos adultos muy aislados y casi sin visitas de sus familiares”.

La vacuna de mayor eficacia, en este caso la de Pfizer, también sería idónea para la población más expuesta al virus: el personal de salud. Según Moreno, “se trata de un grupo que tiene contacto más cercano a la infección y que, a la vez, se necesita esté trabajando a full”.

Para el resto de la población “se podría apuntar a una vacuna de menor eficacia y mayor adhesión” como es Sinovac (eficacia del 50,38% y mayor seguridad que Pfizer). En este sentido, dice la investigadora, si llegaran a la vez las vacunas de Pfizer y Sinovac, “para los docentes la de Sinovac es una buena opción, salvo que se trate de alguien muy vulnerable”.

Aunque la diferencia de eficacia entre ambas vacunas llame la atención, los científicos hacen algunas advertencias: los reportes son de ensayos que se van realizando y algunos ni siquiera están finalizados. Tanto es así que estudios preliminares de Sinovac en Indonesia y en Turquía arrojan una eficacia mayor.

El famoso 50,38% de eficacia Sinovac surge de un ensayo en Brasil, que tenía el sesgo de solo haber sido aplicado a personal de salud (que de por sí está muy expuesto al virus) y en un país de alta transmisión comunitaria. Y aun cuando fuera el 50%, ese es el límite inferior que permite la Organización Mundial de la Salud para aprobar su uso de emergencia.

La eficacia de una vacuna se calcula en los ensayos previos a su validación. A un grupo de los participantes en el estudio se le da la vacuna verdadera y al otro un placebo. Al tiempo se contabiliza cuántas personas han contraído la infección (en este caso el COVID-19). Y de esos que infectaron se saca el porcentaje de cuántos eran del grupo de placebo y cuántos de la vacuna verdadera.

La vacuna de la gripe -que suele promediar el 60% de eficacia- “hay años que tiene un 50% y eso no la convierte en una mala vacuna. Solo que la vacunación tiene que ser bien masiva para alcanzar la inmunidad de rebaño deseada”.

Por eso Moreno vuelve a insistir: “para que la vacunación tenga mayor éxito, hay que cuidarse lo máximo posible y bajar al máximo la transmisión comunitaria”.

FUENTE EL PAIS 

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