El 7% de los reportados como fallecidos por COVID no murió a causa de la enfermedad

No es lo mismo morir por COVID-19 que morir con COVID-19. Aunque estas preposiciones se usen indistintamente, un comité técnico estudió al detalle las causas que llevaron al deceso de aquellos pacientes con diagnóstico positivo del nuevo coronavirus. Y tras la deliberación, como si fuera un ateneo médico, se concluyó que en Uruguay el año pasado fallecieron 174 personas por motivo de esta enfermedad. Otras 13 habían sido infectadas, así lo confirmaron los test, pero eso no les provocó la muerte.

En los países en lo que hubo exceso de muertes a causa de la pandemia, como en España o Brasil, ocurre el efecto contrario al caso uruguayo: las muertes por COVID-19 suelen ser más que las reportadas por las cifras oficiales.

En Uruguay, donde la novel enfermedad no estuvo siquiera en el podio de las principales causas de fallecimiento, hay muertes dudosas que -tras un estudio de certificados de defunción, una revisión de las notificaciones de vigilancia epidemiológica y una mirada a la ocupación de camas de CTI- son luego descartadas entre las que fueron causadas por el COVID-19.

En dos ocasiones el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) lo dejó en claro en sus reportes diarios: un paciente de 25 años que había ingresado al hospital por una herida de bala y otro joven de 23 años que había protagonizado un accidente de tránsito.

Otras muertes, menos llamativas y que a veces incluyen varias comorbilidades, son más difíciles de analizar. Por eso el 8 de abril, tras una resolución de la Dirección General de la Salud, en Uruguay se conformó este comité técnico que refiere al análisis de muertes por COVID-19.

A fin de año, cuando la pandemia en Uruguay llevaba todavía una marcha de crecimiento y se empezaban a notar los fallecidos del incremento exponencial que dio inicio en noviembre, el país tenía reportadas solo un tercio de las muertes con COVID-19 en relación a las registradas hasta ayer (el reporte del 23 de febrero refiere a un acumulado de 588 decesos). Y aunque en aquel diciembre ya se empezaba a notar el ascenso de casos, no había variado significativamente la proporción: 93% falleció por COVID-19 y 7% con COVID-19.

Uno de cada cuatro muertos a causa del coronavirus se había contagiado en un residencial de adultos mayores. Otro uno de cada cuatro había tenido contacto directo con un Covid positivo. Del resto, el 14% contrajo la infección por la transmisión en su familia, el 11% en un brote hospitalario, el 6% por haber viajado a una zona de alta transmisión viral y un 1% eran extranjeros (entre ellos se cuenta un tripulante de crucero). Existen, además, 31 de los 174 muertos por COVID-19 que, tras el rastreo, no se ha podido conocer el nexo epidemiológico.

Otras muertes, que no han sido catalogadas por o con COVID-19, todavía generan dudas. El comité técnico -que integran Oscar Gianneo, Henry Albornoz, Ima León, Jorge Facal, Hugo Rodríguez Almada y Julio Medina- calificó como muertes “sospechosas” a otros ocho casos. Se trata de pacientes cuyos test fueron negativos para COVID-19, pero que, por su sintomatología, o por su exposición al virus o los contactos hacen pensar que, a lo mejor, se trataba de un “falso negativo”.

Sucede que hasta el mejor de los exámenes de diagnóstico tiene un porcentaje de casos que se escapan de su radar. Eso no es solo por el margen de error de la tecnología, sino por variables que van desde la manera en que se hisopó al paciente, el momento en que se lo hisopó (puede haber sido en un período ventana, por ejemplo), la carga viral y un largo etcétera. Como repiten los médicos: “esto no es matemática, es biología”.

Si a los fallecidos hasta diciembre por COVID-19 se les suman los muertos con COVID-19, los casos sospechosos y los que todavía están pendientes de resultados, totalizan 199 decesos de los que el comité tuvo que tomar resolución. Un mes y medio antes eran solo 71.

El aumento de casos para estudio hizo que el comité tuviera que descartar el análisis minucioso de aquellos cuadros que no merecen la menor duda. Antes, cuando los fallecidos se contaban de a pocas decenas, los médicos podían estudiar la ficha clínica completa del paciente. Ahora existe un filtro para poder abarcar el todo.

Eso quedó más claro en el mes de enero, cuando se concentraron cerca de la mitad de las muertes con diagnóstico de COVID-19. Y ante esta evidencia, el comité tendrá más trabajo de análisis.

Mutualistas avisarán por efectos adversos

La de ayer fue una jornada de interminables reuniones por Zoom en el Ministerio de Salud. Allí se prepara, a toda máquina, la logística para recibir las vacunas contra el COVID-19. Técnicos de la secretaría de Estado mantuvieron un encuentro con representantes de las mutualistas en el que presentaron las pautas para notificar casos en los que los usuarios vacunados presentan algún efecto adverso. Las instituciones médicas deberán reportar de manera “urgente” a la División de Farmacovigilancia cuando un usuario que sea inmunizado presente cualquier tipo de complicación, entre ellas, reacciones alérgicas y/o fiebre.

FUENTE  EL PAIS