Polémica por la suspensión de obligación de ir a clase; dudan sobre el impacto de las medidas

Cuando se habían detectado los primeros infectados con el COVID-19 en Uruguay, aquel 13 de marzo de 2020, la primera medida que adoptó el gobierno para la educación fue dejar en suspenso la obligatoriedad de la asistencia a clase. Las autoridades lo anunciaron en una conferencia de prensa ese mismo viernes. Y al día siguiente, en una segunda conferencia, se avisó que se cerraban las escuelas y los liceos. Más de un año después, y ante un escenario epidemiológico de transmisión comunitaria del virus, el Poder Ejecutivo vuelve a suspender -esta vez por ocho días- la obligatoriedad. Y dada la evidencia acumulada en 368 días de emergencia sanitaria, las críticas no se hicieron esperar.

 
Las Familias Organizadas de la Escuela Pública, un colectivo de padres que antecede a la pandemia pero que adquirió visibilidad el año pasado ante el reclamo de la apertura de los centros educativos, había dejado en claro su postura de que la suspensión de la obligatoriedad supone “un retroceso”, y que, por el contrario, la obligatoriedad había dado (en octubre) “la posibilidad de acercar a más de 4.000 niños y niñas que se habían desvinculado”.

Esa necesidad de contar con un instrumento disuasivo para revincular a los niños, así como mejorar la asistencia a clase de quienes continuaban vinculados, había hecho que las autoridades de Primaria pidieran desde el tercer mes de pandemia la vuelta a la obligatoriedad.

Según las estadísticas de Primaria, en setiembre (con escuelas abiertas, pero sin obligatoriedad) los escolares habían asistido a clase, en promedio, un tercio de los días que debieron ir, por lo cual solo terminaron concurriendo ocho días en un mes. Tras el retorno de la obligatoriedad, a mediados de octubre, la asistencia mejoró en más de 20 puntos porcentuales.

“La suspensión de la obligatoriedad trae impactos relevantes, sobre todo en educación inicial y en los contextos culturales más desfavorecidos en los que algunos padres no visualizan cabalmente la relevancia de la escolarización de sus hijos”, sostuvo el consejero del Codicen Óscar Pedrozo. Por eso, a su criterio, “sería razonable pensar que la medida de dejar en suspenso la obligatoriedad se aplique por un período corto, a modo de impacto”.

En ese sentido, hay sintonía entre la advertencia que hace el consejero y la visión del Poder Ejecutivo, que fue quien tomó la decisión. El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, fue quien llevó la propuesta al Consejo de Ministros del pasado martes (previa consulta con el presidente del Codicen, Robert Silva). El razonamiento que hizo el jerarca, y que contó con el aval del resto del gabinete, fue que, a diferencia de los primeros diez meses de pandemia, la transmisión comunitaria está extendida en todo el territorio y, por tanto, se apostó a un “acto de confianza de la libertad responsable de los padres”.

Da Silveira aclaró que “la obligatoriedad educativa no está en discusión” en Uruguay. Tampoco la presencialidad. “No nos olvidemos que fuimos el primer país en América Latina en retomar la presencialidad. Este gobierno tiene un compromiso con la presencialidad que lo demuestran los hechos. Ahora estamos en un pico (de contagios) que nos preocupa y, como se viene la Semana de Turismo, pareció oportuno suspender solo ocho días la obligatoriedad y alivianar la movilidad... al día siguiente de Turismo se vuelve a la obligatoriedad”.

En la reunión del gabinete, el Ejecutivo tomó en cuenta los informes de los asesores científicos que indican que la transmisibilidad y forma de presentación de la infección en los adolescentes es parecida a las de los adultos (no así los niños). Por eso se optó por el cierre de liceos y UTU en la ciudad de Rivera, pero no de jardines y escuelas. Esa misma medida se discutió para otros departamentos fronterizos, pero los ministros entendieron que Rivera es la zona “más apremiante”.

¿Por qué cerrar los centros educativos en Rivera y no los comercios? Fuentes del Ministerio de Educación explicaron que “en Rivera ya se reforzó la vacunación, se impuso una vigilancia especial de fronteras, y ya había limitación del horario de bares. La educación, sin embargo, mueve mucha gente y no es solo movimiento de estudiantes”.

Los integrantes del Codicen discutirán hoy, en la sesión ordinaria, la suspensión de la obligatoriedad de la asistencia. Si bien el anunció del presidente Luis Lacalle Pou contó con el aval de Silva, y si bien ya hubo una resolución de urgencia de quien ocupa la presidencia interina del Codicen (Silva está con licencia por tener COVID-19), los consejeros tienen que debatirlo hoy.

Para ello tomarán en cuenta aspectos administrativos: cómo impacta en las inasistencias y cómo se pasará la lista para hacerles seguimiento a los alumnos.

Pero lo que no estará en discusión en el Codicen es la obligatoriedad de la educación, ese principio que José Pedro Varela defendió diciendo que “el padre que priva a su hijo de esa educación comete un abuso que el poder público debe reprimir”.

Sin embargo, hay otro debate que queda abierto: ¿lo obligatorio es la escuela o la educación? La ley de Educación de 2008 establecía que era la asistencia al centro educativo, pero la LUC lo modificó. En su último libro filosófico, el ministro Da Silveira da a entender, en base al artículo 68 de la Constitución, que lo obligatorio es la educación. Eso supondría que se puede educar a un hijo en la casa, algo que se admite en Estados Unidos (2,5 millones de niños lo hacen), Australia, Francia pero no en la mayoría de Europa ni en América Latina. Tal vez esta es otra discusión que aceleró el COVID-19.

Fuente  : El País