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Manini: "El sistema político no puede aceptar la interferencia" de la Justicia en fallos a favor de desalojados

El abogado Juan Ceretta, patrocinante de las familias demandantes, criticó el discurso del líder de Cabildo Abierto y afirmó que "en democracia los fallos de la Justicia se deben cumplir"

Política 04 de mayo de 2021 Victor Camargo Victor Camargo
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El senador Guido Manini Ríos rechazó los fallos de la Justicia que ampararon hasta el momento a dos familias del asentamiento Nuevo Comienzo, y que habían sido desalojadas en el marco de una investigación penal por usurpación de terrenos privados y robo de energía eléctrica.

En la media hora previa de la sesión de la cámara alta este martes, el líder de Cabildo Abierto llamó al sistema político a "no aceptar calladamente" lo que a su entender fue una "interferencia" del Poder Judicial en jurisdicciones del Poder Ejecutivo. Además, criticó que los jueces que obligaron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) a dar un hogar a los demandantes lo hicieran aceptando una argumentación basada en "disposiciones y dictámenes de organismos internacionales o juristas extranjeros".

"Una vez más, diversos actores que conforman nuestro sistema de justicia accionan en base a lo que se decide o se impulsa fuera del país sin la ratificación de la ciudadanía, y ni siquiera de este Parlamento, es decir, independientemente de la voluntad de los uruguayos", dijo el senador, luego de afirmar que su partido era de todos modos "de la idea de que en estos tiempos excepcionales de pandemia no deben realizarse desalojos" y recordar que hay un proyecto de ley que aborda ese tema.

Sin embargo, insistió en que debería ser el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), y no la Justicia, la repartición del Estado encargada de "atender las necesidades habitacionales de diferentes sectores de la población, privilegiando el acceso a la vivienda a los colectivos de menores ingresos". Y remarcó que al darle una vivienda a una de las familias demandantes, la cartera dejó sin solución a "una familia que había cumplido con todos los requisitos en un proceso de varios meses".

"Con fallos como estos, vemos con preocupación una nueva forma de interferencia en las funciones que nuestra Constitución asigna a las distintas instituciones del Estado, y no queremos atribuir intencionalidades desestabilizadoras, pero claramente esto es lo que ocurre (...) ya que se afecta las políticas previstas por quienes fueron elegidos por el pueblo para implementarlas en beneficio de toda la sociedad", dijo Manini Ríos, que también criticó que "un magistrado se arrogue el derecho de cogobernar marcando prioridades a quienes fueron elegidos para desarrollar políticas que garanticen ese derecho (al de la vivienda), y menos amparando a quienes reclaman a partir de la comisión de un presunto delito de usurpación".

Juan Ceretta, el abogado y patrocinante de las familias demandantes, criticó en Twitter el discurso del senador. "En democracia los fallos de la Justicia se deben cumplir, máxime cuando refieren a derechos humanos. Añorar la ausencia de controles al poder del Estado, es desestabilizar", escribió Ceretta, docente además del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Hasta el momento, de los tres fallos que condenaron a la cartera a dar solución habitacional –emitidos entre fines de marzo y principios de abril–, la Justicia confirmó dos en segunda instancia, y se espera por la tercera sentencia también apelada. En uno de los casos, tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno concluyó que la familia que presentó la demanda "tenía vulnerado su derecho a vivir en una vivienda adecuada y por consiguiente su derecho a una vida digna". Y calificó además de "ilegitimidad manifiesta derivada de la omisión estatal" a la actuación de las autoridades públicas.

Para Manini Ríos, no obstante, la jurisprudencia que sientan las sentencias puede llevar al absurdo de otros dictámenes que exijan "al Ministerio del Interior que no haya más asesinatos en el país, u obligarlo a pagar una indemnización por no poder garantizar ese derecho" constitucional, declaró.

Fuente : El Observador 

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