Policías acusan a fiscales de no encarcelar a ladrones: delitos menores quedan para atrás

Un día se llevan una garrafa de gas. Otro una bicicleta. Al tercero un celular del interior de un auto estacionado tras romperle los vidrios. Y al cuarto el motor del aire acondicionado de una casa. De esa forma, los ladrones de poca monta, conocidos como “rastrillos” en la jerga policial, horadan el sistema judicial como el agua a la piedra y generan inseguridad en la población.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2021 ocurrieron 112.097 hurtos, la mayoría de ellos en el área metropolitana (Montevideo, Canelones, Maldonado y San José). Tal cifra representa un promedio de 307 robos diarios.

En el combate a esa ola de robos, el Estado está en desventaja. El actual sistema penal está sobrecargado y no puede atender a todos los delitos con celeridad. Ante ese problema, los hurtos son considerados por los fiscales ilícitos menores y van quedando en el camino, afirmaron a El País dos jerarcas de la Policía. La culpa, dijeron, es de la propia estructura procesal penal que no soporta los largos juicios. Los fiscales, sobrecargados de trabajo, apuntan sus baterías hacia los ilícitos considerados graves -homicidios, rapiñas y tráfico de estupefacientes- y las penalizaciones de los hurtos van quedando por el camino.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo que muchas veces los fiscales “están sobrepasados” y agregó que “es verdad” que la Policía “precisa de celeridad”.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, reconoció que la sobrecarga de los trabajos de los fiscales “es permanente” aunque destacó que el sistema “funciona”: basta ver la tasa de prisioneros de Uruguay, una de las más altas de América Latina (ver página A10).

El presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, opinó que, si el diagnóstico es de sobrecarga de las Fiscalías, “es claro” desde el principio del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) que los Estados no pueden perseguir todos y cada uno de los delitos que ocurren.

“La Policía y la Fiscalía necesitan más recursos para ser más eficaces en la persecución penal”, planteó Rosa.

Una fiscal de la zona metropolitana consultada por El País reconoció la existencia del problema: “No puedo investigar todos los casos. Tengo 700 expedientes abiertos”.

Tamaña sobrecarga laboral es una posible explicación sobre el hecho de que el 86% de los casos penales terminan en un juicio abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa del imputado. Y solo un 14% de los expedientes finalizan en un largo juicio penal que obliga al fiscal a interrogar imputados y testigos, entrevistar a policías, preparar acusaciones y eventuales escritos de apelaciones y casación. Eso representa demasiado tiempo para un fiscal que, en su computadora, tiene centenares de expedientes para resolver, algunos de ellos con plazos perentorios.

 El desgaste de los fiscales en los juicios penales es evidente. Por ejemplo, la entonces fiscal de Maldonado, Silvia Andrea Naupp -hoy en Montevideo- interpuso en 2019 la acusación contra los presuntos autores del asesinato del profesor de inglés Edwar Vaz Fascioli, en el caso conocido como la “Mansión del sexo”. A dos años, el caso sigue abierto en la Justicia. Algo similar ocurre en juzgados de Montevideo, Canelones y San José con otros expedientes.

¿Hay cámaras?

Mientras los fiscales se preparan para no perder casos referidos a delitos de entidad, los ladrones capturados con objetos robados por la Policía son liberados y dejados en calidad de emplazados porque no hay denuncias de las víctimas. “Por eso anda tanto ladrón suelto en la calle”, dijo una de las fuentes.

Los robos generan inseguridad para la población porque golpean casi a diario. Aquella persona que vive del hurto, delinque todos los días. A mediano y largo plazo, semejante “golpeteo” genera descrédito en el sistema por varias razones. Cuando es atrapado por la Policía con una garrafa de gas a cuestas, el ladrón ya no queda 24 horas detenido en la comisaría como ocurría antes de la implementación del nuevo CPP en 2017. Ahora está apenas cuatro horas -antes de la LUC eran dos, y este era uno de los artículos que el Frente Amplio y el Pit-Cnt pretendían derogar.

“¿Hay cámaras? Si no hay cámaras que inculpen al detenido y no encontraron al denunciante, libérelo y emplázaselo”, ordena el fiscal tapado de trabajo.

El delincuente vuelve a la calle a robar. Por esa situación, hoy hay “rastrillos” sueltos que tienen hasta 18 antecedentes.

Las fuentes señalaron que, en el gobierno anterior, el CPP se promocionó con el argumento de que las personas con antecedentes penales estarían todas presas. La realidad hoy, según los jerarcas policiales, es otra.

Después que el ladrón es emplazado en ocho o más ocasiones, el fiscal pide su condena. A veces el delincuente es penado con libertad a prueba.

Sin preparación.

Aquellos delincuentes que tienen la mala suerte de ser condenados a prisión por hurto, suelen estar tras las rejas por pocos meses, porque incurrieron en delitos calificados como “leves”. Y ese tiempo no es suficiente para que el sistema penitenciario pueda enseñarles un oficio que los prepare para la libertad. Por eso, muchos vuelven a delinquir. “El sistema no funciona”, dijo una fuente policial, y reiteró: “ahí está el verdadero problema de seguridad del país”.

Para las fuentes policiales, los problemas reales de seguridad no pasan por los narcotraficantes “que se matan entre ellos y cada tanto algún familiar recibe un tiro”. Tampoco por las rapiñas que, “en la mayoría de los casos, afectan a personas que andan de madrugada en una zona de riesgo” y son emboscados. En 2021 ocurrieron 24.862 atracos. Las rapiñas representan un 22% de los hurtos.

Muchas veces pasa, además, que aquel vecino que vio como los “rastrillos” le llevaron, en forma sucesiva, una bicicleta, el motor del aire acondicionado, una caja de herramientas, y denunció sin que pasara nada, comienza descreer en el sistema. Ahí es que deja de denunciar.

Las fuentes alertan que otra incongruencia del sistema es que se tipifica como hurto simple si el ladrón robó tres desodorantes de una farmacia, al igual que si entró a una casa y se llevó un reloj marca Rolex. Para el sistema penal uruguayo no importa el valor del producto hurtado. Y en ambos casos, además, si devuelven o pagan lo robado, no van a prisión.

“Queremos que la gente viva en paz en sus respectivos barrios”

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, dijo que entiende que muchas veces los fiscales “están sobrepasados” de trabajo o de tiempo, mientras que “también es verdad” que la Policía “precisa de celeridad” para detener a las personas que delinquen.

El jerarca del Ministerio del Interior expresó: “Queremos bajar el delito de hurto. Obviamente que para eso precisamos a los fiscales. Necesitamos allanamientos, órdenes de detención y que la gente vaya presa o con medidas alternativas que los jueces y los fiscales dispongan”.

González expresó: “Obviamente que precisamos de la celeridad que los fiscales no tienen por falta de tiempo o por demasiado trabajo”. E insistió en que “es cierto” que en ocasiones la Policía necesita de mayor velocidad de la Fiscalía. “A veces (algunos fiscales) son un poco lentos. Pero tampoco hay que cargar la responsabilidades (en los fiscales) porque con la Fiscalía y la Justicia somos un sistema que funciona como equipo”, explicó el jerarca.

González consideró que es clave que el ciudadano denuncie aunque lo que le han hurtado sean cosas chicas. Porque con ese dato, la Fiscalía y la Policía investigan, se ubica al ladrón que está asolando el barrio y la Justicia lo envía a prisión. “Lo que queremos es que la gente viva en paz en sus barrios”, expresó el jerarca de Interior.

 El jerarca dijo que el trabajo que realiza la Policía contra el hurto cotidiano “es impresionante”. De hecho, en el primer trimestre de este año ese delito se incrementó en un 3,2% en comparación con el mismo período de 2021. Pero González decide destacar que las estadísticas indican que si se compara los robos ocurridos en el primer trimestre de 2022 con ese mismo plazo de 2019, cuando gobernaba el Frente Amplio, hubo 6.000 menos.

“Sobrecarga de trabajo de fiscales es continúa”

El fiscal de Corte, Juan Gómez, afirmó ayer que oficialmente no tiene ninguna versión acerca de una eventual disconformidad de la Policía con la actuación de los fiscales en el combate a los hurtos. “Estamos en una relación normal y regular como corresponde entre instituciones que tienen el cometido de brindar seguridad a la población”, dijo Gómez a El País.

De todas formas, señaló el jerarca de la Fiscalía, “ese es un tema (el de la sobrecarga de trabajo en las Fiscalías) que seguiremos pensando, porque no es menor lo que refieren los policías”.

Gómez reconoció que sí “es verdad” la falta de recursos que hoy enfrenta la Fiscalía, y agregó que ese tema lo ha tratado de visibilizar con una pregunta muy sencilla que le ha hecho a personas públicas con las que dialoga oficialmente, o extraoficialmente, a menudo. La pregunta de Gómez es la siguiente: “El Ministerio del Interior tiene 33.000 funcionarios para prevenir y reprimir delincuentes. ¿Usted sabe cuál es el número de recursos administrativos, fiscales y de la unidad de víctimas?”. En general, las respuestas están muy alejada de la realidad, según explicó el jerarca de la Fiscalía.

“Hay personas que piensan que la Fiscalía tiene 2.000 a 3.000 funcionarios. La cantidad exacta de trabajadores de la Fiscalía está muy lejos de esa cifra. En realidad son 687 funcionarios incluidos fiscales, administrativos y técnicos de la Unidad de Víctimas”, dijo.

Con respecto a la sobrecarga laboral de los fiscales, el jerarca reconoció que esa es una realidad. “Esa sobrecarga es permanente. En los 365 días del año”, dijo el jerarca de la Fiscalía de Corte. Y agregó que, aunque estén agobiados o cansados los fiscales por la cantidad de tareas que deben llevar adelante, estas las cumplen con dedicación y esmero.

“Eso se refleja en el número de personas privadas de libertad (13.900 presos)”, explicó Gómez. Y si a esa cifra se le suma a las personas con prisión domiciliaria o otros tipos de medidas cautelares, la cantidad de condenados alcanza los 20.000.

“Eso habla -concluyó Gómez- de una razonable eficacia del sistema, que engloba policías, fiscales, jueces y defensores. No me pueden decir que el sistema no funciona cuando Uruguay tiene un índice de prisionización de los más altos de Latinoamérica”.

Fuente : El País