Un debate sobre las “mentiras y verdades” sobre la ley Integral Trans

Sociedad 15 de julio de 2019 Por
Comenzaron a otorgarse las primeras pensiones reparatorias previstas en la normativa, que será sometida a un pre referéndum.
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MAURICIO 123





La Comisión Especial Reparatoria resolvió el viernes aprobar siete prestaciones a partir de las solicitudes presentadas en el marco de la aplicación de la ley Integral para Personas Trans. 

La norma prevé este beneficio a las integrantes de este colectivo, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 y que puedan demostrar que fueron privadas de su libertad o víctimas de violencia institucional debido a su identidad de género. 

La pensión reparatoria, de tres Bases de Prestación Contributiva (BPC), equivalen hoy a $12.462 mensuales. Cifras oficiales indican que la recibirán, como máximo, unas 15 personas. Esto significa que con lo que la erogación total no superará los US$ 64 mil anuales para las arcas del Estado. 

Sin embargo, se ha convertido en uno de los ejes de la discusión del pre referéndum que, el 4 de agosto, está convocado por los detractores de la ley, que quieren su derogación. 

A esa instancia se llegará luego que la Corte Electoral validara unas 70 mil firmas, el 2% del padrón. No será obligatoria y habrá una sola papeleta que deberá ser votada por 650 mil personas para que pueda habilitarse, a su vez, un posterior referéndum obligatorio sobre la ley integral. 

De allí que los promotores de la derogación necesiten que concurra la mayor cantidad de gente posible. Por eso, es que por estas horas se está multiplicando la campaña por distintas vías. 

En un video de casi cuatro minutos, los responsables de esta campaña exponen las razones de “por qué se debe firmar”. 

En primer lugar, afirman que se trata de una ley “fundamentada en mentiras”. Según este razonamiento, “no es el médico ni los padres, es la naturaleza humana”, la que fija el género de un ser humano. “Legalizar mentiras es inaceptable”, aseguran.

También, se le pregunta a los eventuales votantes si “aceptarían que sus hijos les enseñaran que puede nacer neutro”. 

La campaña también cuestiona que la ley habilita tratamientos de hormonización y “mutilaciones sexuales” sin el consentimiento paterno y en forma gratuita, yendo contra el principio de la patria potestad y en violación del artículo 41 de la Constitución. 

Se señala que se trata de tratamientos irreversibles. En comparación, se subraya, los niños no pueden casarse, votar, manejar o comprar alcohol. 

La ley tampoco ampara a las personas que “quieren retroceder” e identificarse con su sexo biológico original, afirman. A su vez, a través de la pensión reparatoria, además de los cupos de trabajo y de estudio, vivienda y salud, se establece una “nueva categoría de sujeto”. 

Uno de los más activos viene siendo el diputado nacionalista y pastor evangélico Álvaro Dastugue, uno de los promotores de la derogación, que dijo que votará para tirar abajo una ley que “pone el interés de ciertos colectivos por encima del interés general”, que legaliza “conceptos basados en mentiras ideológicas” y que “habilita cambios físicos irreversibles en menores de edad”. 

Los defensores de la vigencia de la ley debaten, por su parte, si es conveniente salir a responder estas afirmaciones, tomando en cuenta que la concurrencia a las urnas será voluntaria y solo deberán hacerlo quienes apoyen la derogación. 

Pero, debido a la “cantidad de disparates” que pusieron a circular los detractores de la norma, la activista Diana Sellanes enumeró una lista de “mentiras y verdades” sobre la ley Trans. 

En primer lugar, rebatió que la norma parta de definiciones basadas en una “mentira” como sería la identidad de género. “La identidad de género no es una mentira y ha sido empíricamente probada a través de años de investigación médica y psquiátrica”. Además, se rebate que se trate de una ley discriminatoria. 

“La ley busca garantizar el acceso de las personas trans a derechos, que si bien ya les pertenecían, han sido vulnerados históricamente”, se afirma. 

En ese sentido se señala que el 67% de las personas trans realizaron trabajo sexual en algún momento de sus vidas, muchas veces siendo menores de edad. El 60%, a su vez, no completó el Ciclo Básico de Enseñanza y más del 70% afirmó haber sufrido discriminación en su institución educativa. 

“Los derechos humanos no son una torta que se reparte en porciones”, afirma Sellanes. “El avance de unos facilita el avance de los demás”. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente al resto. 

Por otra parte, rebate la afirmación de que se habiliten tratamientos de hormonización o intervenciones quirúrgicas a menores de edad sin consentimiento de sus padres.

Victor Camargo

Rivera mi Ciudad
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