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La atacó en un monte, abusó de ella y la retuvo por cuatro horas

Tras un proceso abreviado, en el cual se tienen que admitir los hechos por parte del detenido, el violador fue condenado a seis años de cárcel.

Policiales 15/07/2021 Victor Camargo Victor Camargo
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El hecho que indigna por estas horas en Piedras Coloradas, una localidad a 45 kilómetros de la ciudad de Paysandú y con unas 1.200 personas, ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Viviana (17), nombre ficticio, había salido el sábado de su casa para juntarse con unas amigas a cenar. Después de comer decidieron ir hacia un complejo deportivo que había cerca de la casa para sacarse unas fotos juntas. En ese lugar había mas jóvenes que estaban reunidos escuchando música. Después de compartir un rato en el lugar con sus amigas, Viviana se despidió de ellas y comenzó a caminar rumbo a su casa. Ese trayecto que hay entre el complejo y su vivienda es una zona muy forestada, indicaron fuentes del caso a El País.

En el medio de la oscuridad y de ese terreno arbolado la adolescente fue sorprendida por un hombre que la amenazó con un cuchillo y luego, dentro de un monte de eucaliptos, abusó sexualmente de ella. Según indicaron los informantes, el agresor la retuvo aproximadamente cuatro horas en ese lugar, hasta que finalmente Viviana logró escapar. La adolescente logró llegar a su casa para contar su padecimiento de esa noche.

En las primeras horas del domingo 12 de julio, madre e hija fueron a la seccional 12 de la localidad para presentar la denuncia. La víctima todavía estaba en shock, pero en el correr de las horas fue recordando lo que había pasado. Denunció que el hombre la violó, la torturó y la tuvo secuestrada en el bosque cuatro horas. Mencionó que la persona le decía que conocía a su familia y que era frecuente comprador del negocio de su padre. Esto fue fundamental para ponerle nombre y apellido al agresor.

A partir del relato de la víctima, un grupo de personas se movilizó pacíficamente en reclamo de justicia frente a una seccional. Los elementos aportados por ella le permitieron al fiscal Carlos Motta solicitar una orden de detención contra un hombre de 30 años, y la Policía fue a buscarlo a su casa. No estaba. Un jerarca policial de la localidad logró comunicarse por teléfono con el hombre que era intensamente buscado. Atendió. “Estaba asustado y negaba todo”, narró una fuente del caso a El País. El agresor acordó un punto de encuentro con la Policía para entregarse.

Cuando llegó al lugar, para sorpresa de los efectivos, decidió salir corriendo. La búsqueda se retomó. No había señales. El policía que lo había llamado se volvió a contactar, y entonces el agresor terminó cediendo y volvió a acordar un lugar de encuentro. Finalmente fue detenido en la noche del domingo.

Mientras todo esto sucedía, los efectivos policiales recababan datos para corroborar el relato de la víctima y llevar al hombre ante la Justicia. En su casa encontraron e incautaron la ropa que habría usado la noche del abuso. Nada de eso fue necesario porque más tarde terminó aceptando que había violado a la menor. Dos días después de la entrega y detención, la defensa del hombre logró un acuerdo con la Fiscalía.

Mediante un proceso abreviado, en el cual se tienen que admitir los hechos por parte del detenido, se determinó la condena para al agresor. Se fijó una pena de seis años de penitenciaría por ser autor de un delito de violación agravado en concurrencia formal con un delito de abuso sexual especialmente agravado en reiteración real con un delito de privación de libertad agravado.

Suspensión de la patria potestad e inhabilitación

Además de la pena de seis años de prisión efectiva para el agresor, la Justicia dispuso otra serie de medidas. Entre estas se encuentra la prohibición de ejercer funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por un lapso de 10 años.

Por otro lado, se determinó la pérdida de la patria potestad y una reparación patrimonial hacia la víctima. Esta es por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado o, en su defecto, 12 salarios mínimos. Además, el hombre pasará a formar parte de la lista de violadores, un registro nacional para quienes cometen estos delitos, creado por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Fuente : El País 

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