Números en rojo obligan al Frente Amplio a una reestructura de sus costos

Después de 15 años en el gobierno, el Frente Amplio perdió 200.000 votos en octubre del 2019 y pasó a ser oposición. Fue un golpe electoral, pero también para el bolsillo que lo obligará a revisar toda la estructura de funcionamiento.

Para empezar, la Corte le pagó menos de lo esperado. Por cada voto emitido cada partido cobró 87 unidades indexadas, es decir unos US$ 10 a valores de octubre del año pasado. Pero a eso se suma una pérdida aún mayor: cerca de 2.000 cargos dejaron de cotizar para las arcas de la coalición de izquierda.

Ministros, subsecretarios, directores generales de Secretaría, mandos medios del Poder Ejecutivo y legisladores aportaban según su sueldo un porcentaje que podía llegar hasta el 15%.

Si bien varios dirigentes que integraron el gobierno se negaron a hacer aportes —y José Mujica les llamó la atención con un cartel en su despacho que decía “No avergüencen al presidente”— la mayoría cumplía con la obligación financiera.

A los que se les descontaba automáticamente era a los legisladores (15%) y aunque todavía el FA tiene la bancada mayoritaria entre todos los partidos, perdió dos senadores y ocho diputados que todos los meses volcaban parte de su salario a la estructura.

En la interna todos saben de los problemas económicos que se enfrentan, aunque no se hacen públicos. Hace meses se discutió si hacer una auditoría para revisar los gastos de la campaña y al final se conformó una comisión que según supo El País ya elaboró un informe que todavía no fue presentado al Secretariado y tampoco a la Mesa Política.

Los problemas ya son visibles: hay un déficit mensual, pero las versiones sobre el mismo son diferentes. Hay quienes hablan de US$ 20.000 menos al mes y otros hasta de US$ 40.000.

Hay dificultades para hacer frente al pago de los alquileres de los comités de base, confiaron a El País fuentes de varios sectores. El hecho motivó que 13 coordinadoras de Montevideo pidieran ser recibidas por la Comisión de Finanzas para ser informadas de la situación financiera, algo que vienen reclamando desde hace ya varios meses.

Hubo dificultades para concretar pagos de alquileres de locales de comités, ya que si bien hay algunos que se solventan solo con los aportes de sus dirigentes otros necesitan de la asistencia del Frente Amplio central para mantenerse abiertos.

Fuentes políticas indicaron a El País que esta situación de a poco se fue resolviendo, pero hay incertidumbre respecto a cómo se hará frente al pago de alquileres en los próximos meses. No obstante, hay un acuerdo para mantener locales abiertos al menos hasta las próximas elecciones departamentales previstas para el 24 de setiembre para mantener una estructura en campaña.

Aunque no están a la vista las acciones que se tomarán, Búsqueda informó hace algunas semanas que la comisión interna que analiza las finanzas de la coalición planteó una rebaja salarial al presidente del Frente Javier Miranda. A su vez se prepara el envío al seguro de paro de funcionarios rentados.

Según las fuentes consultadas, el hecho de perder el gobierno prácticamente que obliga al Frente a hacer una reestructura de costos, que implica revisar cómo se mantienen locales que no se pueden autofinanciar con los aportes de los adherentes. Hay situaciones diferentes, a algunos comités se les ayuda con el 50% y otros con la totalidad, porque además se deben pagar las tarifas como UTE y OSE. Por lo que a algunos locales se les dará de baja. A consecuencia de toda esta situación que coloca al FA en números rojos, fuentes políticas indicaron que se cambiará la titularidad de la comisión de finanzas que hoy está en manos del Movimiento de Participación Popular.

Fuente : El País