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El instituto tiene un área de influencia de 450.000 habitantes para departamentos como Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó y Artigas.
Más de 400 organizaciones de la sociedad civil exigieron a los Gobiernos políticas de vacunación contra el COVID-19 que no excluyan a ninguna persona, informó Amnistía Internacional.
ACTUALIDAD 18 de enero de 2021 Fabio Olivera"En una carta abierta difundida hoy, 18 de enero, Amnistía Internacional se suma a más de 400 organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, defensoras y defensores de derechos humanos de toda la región para exigir a los estados que las políticas contra la pandemia del virus COVID-19 no dejen a ninguna persona atrás", dijo en un comunicado publicado en su página web.
Señaló que los Gobiernos deben garantizar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el acceso a todos los servicios de salud y vacunación sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población.
El comunicado indica que el derecho a la vida, la integridad y la salud se debe garantizar sobre la base del principio de igualdad y no discriminación.
"Para que los Estados puedan efectivamente alcanzar los objetivos urgentes y fundamentales frente a esta gravísima pandemia mundial, la vacunación masiva y universal es absolutamente indispensable. Es la única forma segura de lograr la inmunidad colectiva, pues su efectividad estará supeditada a que suficientes personas desarrollen protección contra la enfermedad", agregó Amnistía Internacional.
Amnistía sostiene que la universalidad del acceso es una estrategia "esencial" para enfrentar la pandemia, y toda exclusión no solamente configuraría una violación de los derechos a la salud y a la vida, sino también representaría una medida contraria a las metas de salud pública de cada Estado.
FUENTE: SPUTNIK
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